La situación del sistema de salud en España atraviesa una etapa marcada por múltiples desafíos estructurales, entre ellos el aumento de las listas de espera, la escasez de profesionales sanitarios, la presión asistencial derivada del envejecimiento poblacional y la falta de consenso político para abordar reformas de calado. En este contexto, resulta imprescindible aportar al debate sobre las estrategias necesarias para garantizar la sostenibilidad y equidad del sistema a largo plazo.
Con ese objetivo, abordamos a Elena Sánchez, Associate Director en Kreab del área de Health & Social Policy, que responde a PRNoticias sobre asuntos clave dirigidos a entender distintas las perspectivas sobre el presente y futuro del sector sanitario en España.
Si pudiera definir en dos palabras la situación del sector salud en España, ¿cuáles serían?
Si tuviera que resumir la situación del sector salud en España en solo dos palabras, diría: resiliente y tensionado. Resiliente, porque el sistema sanitario español ha demostrado una alta capacidad de adaptación y de resistencia ante las adversidades, desde la superación de la crisis sanitaria derivada de la pandemia hasta problemas estructurales como el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas o la presión asistencial. A pesar de todas estas tensiones, el sistema continúa atendiendo a millones de personas, gracias al compromiso infalible de los profesionales sanitarios. Tensionado, porque se mantiene a costa de un esfuerzo humano y estructural enorme que, si no se aborda, se puede volver insostenible en el corto plazo. Hay una carga asistencial creciente que presiona los recursos, con listas de espera que se alargan, una financiación insuficiente, desigualdades territoriales y dificultades para atraer y retener talento.
¿Qué demandas enfrenta hoy el sistema?
El sistema enfrenta nuevas demandas como la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la atención personalizada, sin haber solventado aún muchos de los problemas que se venían arrastrando de antes. Por eso, aunque el sistema resiste, lo hace bajo una tensión que exige reformas estructurales y políticas valientes. Desde mi perspectiva, la clave está en convertir esa resiliencia en una palanca de cambio, apoyándose en reformas legislativas como la nueva Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, en el Estatuto Marco o en otro tipo de regulaciones de calado.
¿Cómo valora la efectividad de las políticas para reducir las listas de espera y mejorar el acceso a la sanidad pública?
Aunque se están llevando a cabo esfuerzos a nivel autonómico, aún hay margen de mejora. La reducción de las listas de espera requiere un abordaje integral que combine la reorganización de la demanda, el impulso de la prevención de la enfermedad y el fomento del autocuidado y del conocimiento activo por parte de los pacientes junto con un refuerzo de los recursos humanos, la transformación digital y la integración efectiva de los distintos niveles asistenciales. Parte del desafío es que nuestro modelo está demasiado centrado en los hospitales, lo que exige un rediseño hacia una atención más coordinada, con un enfoque mayor en la atención primaria y el uso de herramientas digitales. Las terapias digitales pueden ser clave, ya que permiten monitorizar y tratar a los pacientes fuera del hospital, lo que podría suponer un ahorro de recursos y, en consecuencia, una reducción de los tiempos de espera.
¿Qué hace falta para que esto funcione?
Para que esto funcione, se necesita un marco normativo claro que fomente su adopción y financiación dentro del sistema. Además, hablando de las listas de espera, es crucial centrarse no solo en la reducción de las listas de espera quirúrgicas, sino también en las de atención primaria, de los servicios de salud mental y de diagnóstico, ya que estos aspectos también influyen en la equidad del acceso a la atención sanitaria. Un buen ejemplo es la implantación de la teledermatología con la que se están realizando diagnósticos preliminares y seguimientos de pacientes a distancia y se está logrando, con la integración de la inteligencia artificial, diagnósticos más rápidos y precisos que optimizan aún más el uso de los recursos.
¿Qué incentivos considera más adecuados para atraer y retener profesionales sanitarios, y cómo se están debatiendo en la agenda pública?
Más allá de las condiciones salariales, los profesionales están pidiendo estabilidad laboral, una trayectoria profesional definida, la posibilidad de conciliar su vida personal y laboral, y un entorno clínico que sea innovador y participativo. También es fundamental fomentar la formación continuada, la investigación y la enseñanza. Aunque la agenda pública lo reconoce, todavía existe una brecha significativa entre la identificación del problema y la implementación de soluciones efectivas en la mayoría de las comunidades autónomas. En este contexto, la colaboración público-privada puede ser muy valiosa, ya que puede generar oportunidades para la formación, la investigación y el desarrollo profesional, fortaleciendo así la conexión de los profesionales sanitarios con el sistema.
¿Qué papel deberían tener los actores privados y la colaboración público-privada para asegurar la sostenibilidad del sistema de salud?
A mi parecer, un papel complementario y estratégico. La sostenibilidad del SNS depende de aprovechar el potencial de todos los actores que participan en él. La colaboración entre ambos sectores debe verse como un mecanismo que refuerza el sistema público. La innovación, la logística, la digitalización y el tratamiento de patologías complejas son áreas donde la colaboración puede realmente marcar la diferencia, siempre que se estructure con transparencia, resultados medibles y un enfoque centrado en el paciente. Para que el sistema sea sostenible, es fundamental seguir explorando nuevas formas de gestión colaborativa.
¿Cómo interpreta la falta de consenso político y su impacto en la política sanitaria a nivel autonómico?
La fragmentación del consenso político en el ámbito de la salud y su politización crea incertidumbre, retrasa reformas cruciales, limita la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, afecta a la equidad y obstaculiza la transformación del sistema. Actualmente encontramos un sistema nacional de salud a 17 velocidades distintas. Esto da como resultado la aparición de desigualdades territoriales y una visión cortoplacista de la política sanitaria. Recuperar el consenso, al menos en los aspectos fundamentales del sistema como pueden ser la financiación, los profesionales, la digitalización y la atención a la cronicidad, debería ser una prioridad de Estado. La colaboración institucional y técnica debe estar por encima de la ideología política.
¿Qué medidas fiscales o presupuestarias considera prioritarias para reforzar el sistema sanitario a largo plazo?
Es fundamental continuar ampliando el peso del gasto en salud, pero también es crucial optimizar la forma en que se invierte. Esto significa que se deberían priorizar inversiones en ámbitos como la tecnología sanitaria, las terapias digitales, las infraestructuras sostenibles, la prevención, el diagnóstico temprano o la atención domiciliaria, entre otras cuestiones. Estas acciones no solo ayudarían a liberar recursos, sino que también mejorarían los resultados en salud. Además, sería interesante explorar incentivos fiscales que impulsen la inversión en innovación sanitaria, especialmente en un contexto europeo y nacional donde se ha fijado como prioridad avanzar hacia una mayor autonomía estratégica en sectores clave, entre los que se incluye la salud.
¿Cómo afecta el creciente envejecimiento poblacional a las políticas de bienestar y qué soluciones considera viables desde el ámbito público?
El envejecimiento nos está llevando a un replanteamiento del sistema, enfocándonos en la cronicidad, la autonomía y la coordinación en el ámbito sociosanitario. Esto implica mayores inversiones en cuidados a largo plazo, atención en el hogar y en tecnología que apoye un envejecimiento activo. Además, es fundamental reformar el modelo de residencias y profesionalizar el cuidado. A nivel público, es determinante actualizar la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad con un enfoque interministerial, y conectando la salud con otras áreas como los servicios sociales la vivienda o el empleo, entre otros aspectos.
¿Qué reformas legislativas cree que serían más eficaces para garantizar la sostenibilidad y la equidad en el sistema de salud?
Además de la reforma de la Ley de Garantías, que será clave para actualizar el marco legal que regula la evaluación, el acceso y la financiación de medicamentos y productos sanitarios, hay otras reformas que serían necesarias para adaptar el sistema a los retos actuales y futuros. Una de ellas podría ser consolidar y extender la interoperabilidad real del historial clínico digital y de la receta electrónica entre comunidades autónomas, avanzando hacia un sistema plenamente conectado, y alineado con el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que permita una atención más integrada, eficiente y centrada en el paciente. Esto debería ir acompañado de una transformación organizativa que favorezca modelos proactivos de atención domiciliaria, especialmente relevantes en el contexto del envejecimiento poblacional y la atención a la cronicidad. Otra línea de reforma clave sería el refuerzo normativo de la salud mental, con leyes que garanticen su integración real en la cartera de servicios, con recursos estables y adecuados, y una atención accesible en todas las etapas de la vida.
¿Y en cuanto a los servicios públicos esenciales?
Sería deseable avanzar hacia un mayor blindaje de los servicios públicos esenciales, protegiendo, por ejemplo, el modelo de farmacias comunitarias como agentes sanitarios de proximidad que cumplen una función social clave en términos de accesibilidad y cohesión territorial. Introducir incentivos fiscales vinculados a la prevención —como la promoción de estilos de vida saludables, la actividad física o la vacunación— permitiría reducir a medio y largo plazo la carga sobre el sistema sanitario. Y, desde una perspectiva más estratégica, es fundamental promover reformas que faciliten la autonomía industrial y tecnológica del sistema de salud, apoyando desde lo público la instalación de fábricas y centros de producción en territorio nacional, lo que no solo refuerza la seguridad de suministro, sino que también genera empleo y desarrollo económico para nuestro país. Todas estas reformas deben enmarcarse en una visión moderna del sistema sanitario: más preventivo, más digital, más conectado con Europa, y más flexible ante posibles crisis futuras.
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